QUIÉN ES QUIÉN EN EL MAR MENOR

 

ÓRGANOS COMPETENTES EN EL ÁMBITO DEL MAR MENOR:

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

 

- MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Segura

- Demarcación de Costas

- MINISTERIO DE FOMENTO       

 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL:

 

- CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

                          - Dirección General del Mar Menor

- Dirección General de Medio Natural

- Dirección General de Medio Ambiente

- Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino

- Dirección General del Agua

- CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Dirección General de Ordenación del Territorio.

- Dirección General de Puertos

- CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:

 

Ayuntamiento de Cartagena

- Ayuntamiento de San Javier

- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

- Ayuntamiento de Los Alcázares

- Ayuntamiento de Torre Pacheco

- Ayuntamiento de Fuente Álamo

- Ayuntamiento de La Unión

- Ayuntamiento de Murcia

 

 

COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL EN EL MAR MENOR:

MEDIO MARINO

El Mar Menor es una porción del dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, que se integra dentro de las llamadas aguas interiores (aquella parte del dominio público marítimo-terrestre situada entre la zona marítimo-terrestre y el mar territorial). Cae, pues, bajo el ámbito de aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre (art. 1).

 

No obstante, como ha precisado el Tribunal Constitucional, «la titularidad estatal del dominio público y la competencia para determinar las categorías de bienes que lo integran no son, en sí mismos, criterios de delimitación competencial por lo que, en consecuencia, la naturaleza demanial de un bien no lo aísla de su entorno ni lo sustrae de las competencias que correspondan a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad» (STC 46/2007, FJ 12, entre otras); sin perjuicio de que, «la titularidad estatal del demanio pueda habilitar legítimamente para incidir sobre la competencia que para la ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas costeras» (STC 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 7).

 

Funciones ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA ENTIDADES LOCALES
Ordenación del Litoral - Consejería de Fomento e Infraestructuras -
Control y Autorización de Vertidos Tierra-Mar - Dirección General de Medio Ambiente -
Espacios Naturales Protegidos y Protección del Medio Ambiente LEGISLACIÓN BÁSICA DESARROLLO LEGISLATIVO -
Espacios Naturales Protegidos Medio Marino Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico

 

 
Espacios Naturales Protegidos cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre. -

Dirección General de Medio Natural

Dirección General del Mar Menor

 
Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades -

Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino.

Dirección General de Medio Natural

 
Establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas marinas Ministerio de Fomento, a través de la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima    
Fondeos, apresamientos y otras que se estimen necesarias respecto de los buques para salvaguardar la seguridad de la navegación y de prevenir la contaminación del medio marino Ministerio de Fomento, a través de la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima    
       

Funciones que se atribuyen a las Comunidades Autónomas:

 

- ORDENACIÓN DEL LITORAL

 

- CONTROL DE VERTIDOS AL MAR

 

- COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE PESCA EN AGUAS INTERIORES, Y DE PUERTOS QUE NO TENGAN LA CALIFICACIÓN DE INTERÉS GENERAL.

 

- COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

 

 

Funciones que se atribuyen al Estado:

 

La declaración por las Comunidades Autónomas de espacios protegidos situados, en todo o en parte, en el medio marino, no impide que el Estado siga ejerciendo competencias sobre el medio, como sucede con las competencias de navegación marítima; de modo que “Corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas marinas” (art. 6.2). También el artículo 297 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, atribuye al Ministerio de Fomento, a través de las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas, medidas en relación con los fondeos, apresamientos y otras que se estimen necesarias respecto de los buques para salvaguardar la seguridad de la navegación y de prevenir la contaminación del medio marino; si bien dichas medidas “podrán adoptarse sin perjuicio de las que, al efecto, puedan 

primero, cuando por su naturaleza la competencia se debe ejercer necesariamente en el medio marino; y segundo, tratándose de la competencia en espacios protegidos, cuando exista continuidad con los ecosistemas terrestres. 1.º Pertenecen al primer supuesto -pues si no se ejercen en el medio marino, no se ejercen de ninguna manera- las competencias autonómicas en materia de pesca en aguas interiores, y de puertos que no tengan la calificación de interés general. 

 

 

 

La Constitución de 1978 llevó a cabo una distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en sus artículos 148 y 149.

 

Artículo 148:

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

9ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

 

Artículo 149

  1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

23ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

 

En las Leyes estatales que se citan a continuación se establecen las competencias que corresponden a la Administración General del Estado, las que corresponden a las CCAA y las que corresponden a los Ayuntamientos, en materia de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) de Costas (Ley 22/1988), de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013), de IPPC (RDL 1/2016), de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 22/2011), de Calidad del aire y Protección de la Atmósfera (Ley 34/2007), etc.

 

Cada ley se establecen las competencias que ejerce la Administración del Estado (que puedan afectar al Mar Menor principalmente Ministerio de Transición Ecológica Secretaría de Estado de Energía, Confederación Hidrográfica del Segura, Demarcación de Costas en Murcia, Ministerio de Fomento en relación a infraestructuras de transporte marítimo, puertos del Estado, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación…) las Comunidades Autónomas y los municipios (que puedan afectar al Mar Menor los municipios que se relacionan en el Decreto-Ley del Mar Menor).

 

 

EL MAR MENOR EN CUANTO ESPACIO NATURAL PROTEGIDO:

 

El Mar Menor es un espacio natural protegido: Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), así como la declaración del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) «Mar Menor» y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Mar Menor».

De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia

“Artículo diez.

Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias:

h). Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades.

Dos. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Región la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que ejercerá respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución.

 

Artículo once.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:

1. Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución.

2. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos, espacios naturales protegidos.

3. Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección.

 

 

La Dirección General de Medio Natural asume las competencias y funciones en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades Ambientales, política forestal y protección de la fauna silvestre.

 

Mediante el Decreto n.º 75/2017, de 17 de mayo, publicado el 18 de mayo de 2017, se crea la Dirección General del Mar Menor asume las competencias y funciones de impulso, coordinación y seguimiento de los planes, proyectos y actuaciones en el Mar Menor, especialmente aquellos relacionados con la protección y regeneración ambiental y natural del ecosistema del Mar Menor, promovidos por la Administración Regional o mediante otras fórmulas con participación de la Administración regional, así como la coordinación con los distintos organismos y centros directivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas con competencias en el desarrollo de los mismos.

 

Mediante el Decreto n.º 266/2017, de 29 de noviembre, publicado el 5 de diciembre de 2017, se modifica el Decreto de Consejo de Gobierno n.º 75/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, se establece que dado que sobre el Mar Menor convergen múltiples usos y aprovechamientos, principalmente turísticos, recreativos y pesqueros, así como el aprovechamiento agrícola de su entorno que sitúan a la laguna como un factor clave en los planes de desarrollo regional y por la problemática ambiental que soporta el Mar Menor que tiene importantes repercusiones económicas y sociales, se acuerda que la Dirección General del Mar Menor cuente con competencias y funciones de ejecución directa de actuaciones y proyectos relacionados con la protección y regeneración ambiental del ecosistema del Mar Menor: “La Dirección General del Mar Menor asume las competencias y funciones de ejecución de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema, sin perjuicio de las atribuidas a otros centros directivos de la Administración Regional. Asimismo, le corresponderá la coordinación con los distintos organismos y direcciones generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones Publicas y entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el desarrollo de dichos proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna. Quedan adscritos a la Dirección General del Mar Menor tanto el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de Participación Social del Mar Menor”. 

 

Mediante Decreto n.º 53/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, la Dirección General del Mar Menor se integra en la Dirección General de Medio Ambiente con la denominación de Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor,  que asume las competencias y funciones en materia de evaluación ambiental de planes y proyectos, planificación en materia de calidad ambiental, prevención y gestión en materia de residuos, suelos contaminados, vertidos al mar y calidad del aire, autorización ambiental integrada, autorización ambiental única, autorizaciones ambientales sectoriales en materia de residuos y suelos contaminados, de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de vertidos de tierra al mar, vigilancia e inspección en estas materias, las de reconocimiento de la excelencia ambiental y de acceso a la información en materia de medio ambiente. Y asimismo, las competencias y funciones de ejecución de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema, sin perjuicio de las atribuidas a otros centros directivos de la Administración Regional. También le corresponderá la coordinación con los distintos organismos y direcciones generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones Publicas y entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el desarrollo de dichos proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna. Quedando adscritos a la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor tanto el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de Participación Social del Mar Menor.

LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL MAR MENOR:

 

Sobre los recursos hídricos convergen diferentes actividades que responden a finalidades distintas y se enmarcan en otras tantas políticas sectoriales, respecto a las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen competencias ya sea al Estado, ya sea a las Comunidades Autónomas.

 

  • Aguas superficiales continentales, que conforman el Dominio Público Hidráulico (DPH en adelante), y cuya gestión es competencia del Organismo de Cuenca en aquellas Cuencas Intercomunitarias (que incluyen el territorio de dos o más Comunidades Autónomas). En el caso de Murcia su gestión es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura y formando parte de la cuenca del Mar Menor existen varios cauces que forman parte del DPH y que van a parar al Mar Menor y que son competencia del Organismo de Cuenca, destacando entre ellos la Rambla del Albujón.

 

  • Aguas subterráneas, son aquellas aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en zona de saturación y en contacto directo con el suelo o subsuelo. Las aguas subterráneas renovables (con independencia del tiempo de renovación) son parte del Dominio Público Hidráulico, y su gestión es competencia del Organismo de Cuenca en aquellas Cuencas Intercomunitarias (que incluyen el territorio de dos o más Comunidades Autónomas). En el caso de Murcia su gestión es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. Dentro del ámbito territorial del Mar Menor existen masas de agua subterráneas con interconexión con el Mar Menor, como las que forman parte del Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, cuya gestión es competencia del Organismo de Cuenca.

 

  • Aguas costeras, su definición técnica, en el ámbito de la Directiva marco del agua es la de: las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto  más  próximo  de  la  línea  de  base  que  sirve  para  medir  la  anchura  de  las  aguas territoriales  y  que  se  extienden,  en  su  caso,  hasta  el  límite  exterior  de  las  aguas  de transición. En la práctica coinciden aproximadamente con las aguas interiores, cuya gestión ostenta la Comunidad Autónoma, al menos en lo que respecta a la pesca, marisqueo, acuicultura, alguicultura y la protección de sus ecosistemas (artículo 10.1.h del Estatuto Autonomía donde se recogen las materias en las que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en adelante CARM, tiene competencia exclusiva). En la laguna costera del Mar Menor confluyen competencias del Estado (Demarcación de Costas del Estado en todo lo que se refiere a la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, DPMT en adelante) y de la CARM (véase el artículo 10.1.h) del Estatuto de Autonomía, Ley 4/1982).

 

 

En relación con las masas de aguas costeras existen dos Directivas, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, el Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas) y la Directiva Nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura). En ambos casos se establece la necesidad de realizar seguimientos en aguas de nutrientes y otros parámetros. El ámbito competencial de estas directivas afecta a varias Administraciones y los seguimientos afectan tanto a aguas continentales, superficiales y subterráneas, como aguas costeras.

 

La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor realiza el seguimiento de las masas de agua costeras, en aplicación de la Directiva Marco del Agua (a través de su transposición mediante el Real Decreto 817/2015, de 11 septiembre, por el que se establece los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental). esta Dirección General tiene implementada una Red de Control de la Calidad de las masas de agua costeras de la Región, consistente en una malla de puntos de muestreo, definición de parámetros a muestrear y frecuencia de las muestras, a través de la cual se realiza un seguimiento periódico conforme a la Directiva Marco del Agua para reportar el resultado de dicho seguimiento al organismo de cuenca, como órgano competente, y posterior evaluación global de las masas de agua en base a los datos recabados en esta red y otras que tiene implementadas el organismo de cuenca.

 

En cuanto a la Directiva de Nitratos esta Dirección General se limita a aportar los datos recabados con motivo del seguimiento que se realiza para la Directiva Marco del Agua, de las masas de agua costeras, a través de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Directiva de Nitratos dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua, que son extraídos del seguimiento de la masa de agua costera, en aplicación de la Directiva Marco del Agua, sin perjuicio de los datos relativos a nutrientes que recabe en el marco de esta Directiva de otros organismos con competencias en la materia.

 

En el caso de las aguas costeras, los arts. 148 y 149 prevén títulos competenciales asumibles por las Comunidades Autónomas y exclusivos del Estado, respectivamente, cuyo ejercicio podría proyectarse sobre aquéllas. Por ejemplo, art. 148 prevé que las Comunidades Autónomas podrán ejercer competencias en materias tales como Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (aptdo. 3); Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales (aptdo. 6); La gestión en materia de protección del medio ambiente (aptdo. 9); La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial (aptdo. 11); La agricultura; La Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial (aptdo. 18): Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio (apto. 19) y Sanidad e higiene (aptdo. 21). Quedando reservadas al Estado las competencias exclusivas en materias tales como pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas (aptdo. 19); Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general (aptdo. 20); Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección (apto. 23) u obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (aptdo. 24).

 

A pesar de este reparto competencial, la mayor parte de las competencias sobre las aguas costeras se encuentran atribuidas al Estado – excepto la autorización de vertidos al medio marino, reservado a las Comunidades Autónomas por la Ley 22/1988, de Costas.

 

Además, el art. 263.3 apartado b) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye expresamente al Ministerio de Fomento la competencia para la «limpieza de las aguas marítima y la lucha contra la contaminación del Medio marino, en zonas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, incluidas las aguas de las zonas de servicio de los puertos», lo cual incluye a las aguas costeras.

 

En definitiva sobre los recursos hídricos convergen diferentes actividades que responden a finalidades distintas y se enmarcan en otras tantas políticas sectoriales, respecto a las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen competencias ya sea al Estado, ya sea a las Comunidades Autónomas.

 

La incorporación de las aguas costeras a la demarcación hidrográfica ha implicado la atribución al Organismo de cuenca de una competencia sobre estas aguas, cual es el asegurar que las mismas se encuentran en buen estado (tanto químico como ecológico) antes de 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL MAR MENOR

 

Hay competencias que ostentan otras Administraciones y cuyas decisiones pueden afectar a la calidad de las aguas, como las relacionadas anteriormente: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, agricultura y regadíos, puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, pesca; Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio, Sanidad e higiene, red de alcantarillado, etc.

 

Las decisiones que puedan adoptar las distintas Administraciones Públicas sobre la promoción y ejecución de proyectos o sobre la autorización de proyectos o actividades pueden tener incidencia sobre el espacio natural protegido del Mar Menor. Además de las competencias atribuidas por la legislación estatal a las distintas AAPP, estatal, regional y local, en el ámbito de la Administración Regional, en los Decretos por los que se establecen los órganos directivos de las distintas Consejerías se relacionan las competencias y funciones de cada una.

 

El órgano sustantivo es el órgano de la AP que ostenta las competencia para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya competencia la ostentan distintos órganos de la Administración pública estatal, autonómica o local, en cuyo caso se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquella (artículo 5 Ley 21/2013, de evaluación ambiental-LEA). Cuando el órgano sustantivo sea la Administración General del Estado porque sea esta o sus organismos públicos quién adopta, aprueba o autoriza el plan, programa o proyecto, o sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante ella, corresponderá al Ministerio con competencias en Medio Ambiente ejercer las funciones de órgano ambiental que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental y los informes ambientales (artículo 11 LEA).

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas establece que es objeto de la Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución, que en su apartado 1- 22.ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de  legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

 

Asimismo en el artículo 1.4 del citado Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio dice que corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.

 

El artículo 2 define el dominio público hidráulico:

 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:

 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

 Letra d) del artículo 2 redactada por el apartado cuatro del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

 Letra e) del artículo 2 redactada por el número uno de la disposición final primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 junio 2005

 

Por otro lado, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estarían sometidos a evaluación de impacto ambiental, entre otros, además de los supuestos establecidos en la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor:

 

Proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinaria (anexo I):

 

  • Grupo 7.b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos.
  • Grupo 9.a.13º) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800mm y una longitud superior a 10km, cuando se desarrolle en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 

Proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada (anexo II):

 

  • Grupo 1.c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 1º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha. (proyectos no incluidos en el anexo I); 2º Proyectos de transformación a regadío de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

 

  • Grupo 8.a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el anexo I) cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1 hectómetro cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.

 

  • Grupo 8.c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.

 

  • Grupo 8.e) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.

 

 

  • Grupo 8.f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en anexo I)

 

 

De acuerdo al artículo 7.2.b de la Ley 2172013, los proyectos no incluidos en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red natura 2000.

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que de acuerdo con el artículo 7.1.a) y 7.2.d) quedan sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria o evaluación de impacto ambiental simplificada, respectivamente, los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I o  II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos.

 

En la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor  se establece que la misma tiene por objeto la adopción de medidas urgentes para la ordenación y sostenibilidad de las actividades agrarias y garantizar su aplicación en el entorno del Mar Menor y la protección de sus recursos naturales, mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas por vertidos, arrastres de sedimentos y cualesquiera otros elementos que puedan contener contaminantes perjudiciales para la recuperación de su estado ecológico.

 

En cuanto a los vertidos de aguas pluviales:

La Demarcación de Costas emite informe preceptivo en relación a los planes generales municipales de ordenación en el que se pronuncia sobre la necesidad de infraestructuras municipales de canalización de pluviales para no dañar las playas y que necesitan de concesión por parte de Costas, además de la autorización de vertido al mar.

En cuanto a las conducciones de Pluviales al Mar Menor, el procedimiento para la concesión de ocupación de dominio público y vertido al mar de pluviales viene regulado en el artículo 156 de la Ley de Costas.

 

En la concesión Demarcación de Costas establece un plazo y un canon. En el caso de la concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre para vertido de pluviales como no hay lucro la concesión la suele dar a título gratuito a los Ayuntamientos.

 

Los Ayuntamientos deben presentar la solicitud de autorización de vertido al mar en la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor acompañada de una separata de las obras de la conducción de pluviales en el dominio público marítimo terrestre conforme a la ley de Costas acompañada de solicitud al Ministerio de otorgamiento de concesión administrativa de ocupación del DPMT, acompañado de fianza del 2% del valor de las obras sobre el presupuesto de ejecución material y la documentación acreditativa de la personalidad jurídica de quién solicita la concesión. 

 

Si el proyecto está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada u ordinaria debe acompañarse de la Resolución de no sometimiento a EIA ordinaria o en su caso de la DIA, para que Costas lo remita al Ministerio acompañado de su propuesta de concesión con el plazo y canon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

A continuación se desglosa la legislación en materia de distribución de competencias:

1.- La Constitución de 1978.

Los artículos 148 y 149 de la Constitución relativos a las competencias de las CCAA y del Estado.

2.-Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

Los artículos 10,11 y 12 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia sobre competencias de la CARM.

Artículo 10.

Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias:

1. Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

2. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

3. Obras públicas de interés para la Región dentro de su propio territorio y que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma.

4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Región de Murcia, y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios, por cable y tubería. Transporte marítimo entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte.

5. Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general, en los términos del artículo 149.1.20 de la Constitución.

6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

7. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio. Aguas minerales y termales.

8. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

9. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades.

10. Ferias y mercados interiores.

11. Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, así como la creación y gestión de un sector público regional propio de la Comunidad Autónoma.

12. Artesanía.

13. Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, conservatorios de música y danza, centros dramáticos, de bellas artes y demás centros de depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza, de interés para la Región, que no sean de titularidad estatal.

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región.

 

En el artículo 11.3 del EARM dice:

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:

1. Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución.

2. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

3. Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección.

4. Régimen minero y energético.

5. Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución.

6. Ordenación del sector pesquero.

7. Defensa del consumidor y usuario de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Sistema de consultas populares en el ámbito de la Región de Murcia, de conformidad con lo que disponga la Ley a que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria.

9. Régimen local.

10. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación, Cofradías de Pescadores y demás corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.

 

3.-En cada Ley Estatal de evaluación ambiental (Ley 21/2013), de prevención y control integrado de la contaminación (RDL 1/2016), de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011), de calidad del aire y protección de la atmósfera (Ley 34/2007), de costas (Ley 22/1988), de aguas ( Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), de patrimonio natural y biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), etc. Se establecen las competencias que corresponden a la Administración General del Estado y las que corresponden a las CCAA y a los Ayuntamientos.

 

 

1- Así por ejemplo en los artículos 2, 23 a 25 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas se establece:

 

“Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico.

 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

 

Artículo 23. Funciones.

 

1. Son funciones de los organismos de cuenca:

a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.

b) La administración y control del dominio público hidráulico.

c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.

d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.

e) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

2. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en los párrafos d) y e) del apartado anterior, los organismos de cuenca podrán:

a) Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en general, realizar cualesquiera actos de administración respecto de títulos representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas mercantiles que tengan por objeto social la gestión de contratos de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

b) Suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresas que tengan como objeto cualquiera de los fines anteriormente indicados.

c) Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a cualquiera de las entidades relacionadas en los párrafos a) y b).

 

Artículo 24. Otras atribuciones.

 

Los organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos:

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.

b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.

c) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.

d) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.

e) La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.

f) La realización, en el ámbito de sus competencias, de planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial.

g) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y demás entidades públicas o privadas, así como a los particulares.

En la determinación de la estructura de los organismos de cuenca se tendrá en cuenta el criterio de separación entre las funciones de administración del dominio público hidráulico y las demás.

 

 Artículo 25. Colaboración con las Comunidades Autónomas.

 

1. Los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la Junta de Gobierno de dichos organismos, según lo determinado en esta Ley.

2. Los organismos de cuenca podrán celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y las Comunidades de usuarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una Ley estatal, sin perjuicio de las que sean exigibles por otras Administraciones Públicas en relación a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo trámite de informe se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 24, párrafo f.

4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.

 

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.

 

El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.

 

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.”

 

 

2- En los artículos 6 y 7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

 

Artículo 6. Competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad marina.

 

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las funciones a las que se refiere esta ley, con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas del litoral.

Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de estas funciones en la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios situados en los estrechos sometidos al Derecho internacional o en alta mar.

2. Corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas marinas objeto de esta disposición.

3. Así mismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de las funciones objeto de los puntos anteriores de este artículo en los espacios marinos situados en los estrechos sometidos al Derecho Internacional o en alta mar.

4. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de las funciones a las que se refiere esta ley con respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.

5. El ejercicio de las funciones mencionadas en el presente artículo se ejercerá por la Administración competente de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración interadministrativa.

 

Artículo 7. Mecanismos de cooperación.

 

1. Las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente información para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

2. Se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente. Los informes o propuestas de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.”

 

3- En la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se establece:

 

Artículo 22

1. La Administración del Estado dictará normas para la protección de determinados tramos de costa, en desarrollo de lo previsto en los artículos 23.2, 25, 26.1, 27.2, 28.1 y 29 de esta Ley.

2. Antes de la aprobación definitiva de las normas a que se refiere el a apartado anterior, se someterán a informe de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio afecten, para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenación aprobados o en tramitación. Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las normas proyectadas y las objeciones formuladas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, se abrirá un período de consulta entre las tres Administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias manifestadas.

 

Artículo 23

1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate.

 

Artículo 24

1. En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.

2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo; no podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.

 

Artículo 25

1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberá cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.

3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbres correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes.

 

Artículo 26

 

1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público.

2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.

….

Artículo 110

Corresponde a la Administración del Estado, en los términos establecidos en la presente Ley:

a) El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho dominio.

b) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, la declaración de zonas de reserva, las autorizaciones en las zonas de servidumbre y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.

c) La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes.

d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos de áridos y, en su caso, la expropiación de los mismos.

e) La realización de mediciones y aforos, estudios de hidráulica marítima e información sobre el clima marítimo.

f) La aprobación de las normas elaboradas conforme a lo establecido en los artículos 22 y 34 de la presente Ley.

g) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una Comunidad Autónoma.

h) La autorización de vertidos, salvo los industriales y contaminantes desde tierra al mar.

i) La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en lugares de baño y salvamento marítimo.

j) La iluminación de costas y señales marítimas.

k) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y demás Entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten.

l) La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su competencia y, en su caso, la coordinación e inspección de su cumplimiento por las Comunidades Autónomas, pudiendo adoptar, si procede, las medidas adecuadas para su observancia.

m) La implantación de un Banco de Datos Oceanográfico que sirva para definir las condiciones de clima marítimo en la costa española, para lo cual las distintas Administraciones Públicas deberán suministrar la información que se les recabe. Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acceso a la información, que estará a disposición de quien la solicite.

 

Artículo 111

 

1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado:

a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso.

b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas.

c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico.

d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre acuicultura, en su caso.

e) Las de iluminación de costas y señales marítimas.

2. La ejecución de las obras de interés general enumeradas en el apartado anterior no podrá ser suspendida por otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.

3. La Administración del Estado quedará exenta del abono de tasas por la expedición de las licencias que sean exigibles con arreglo a la legislación urbanística.

 

Artículo 112

Corresponde también a la Administración del Estado emitir informe, con carácter preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:

a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación.

b) Planes y autorizaciones de vertidos industriales y contaminantes al mar desde tierra, a efectos del cumplimiento de la legislación estatal y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de competencia de las Comunidades Autónomas, ampliación de los existentes o de su zona de servicio, y modificación de su configuración exterior, conforme a lo previsto en el artículo 49.

d) Declaraciones de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones, de acuerdo con la legislación específica.

 

Artículo 113

Las competencias que la presente Ley atribuye a la Administración del Estado serán ejercidas a través de la estructura administrativa que reglamentariamente se determine.

 

Artículo 114

Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la presente Ley tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos.

 

Artículo 115

Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen Local.

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.”

 

Artículo 116

Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la presente Ley ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas.”

 

 

 

 

 

 

4- En relación a las competencias municipales.

En los artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que se transcriben a continuación se establecen las competencias propias de estos:

 

“Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

 

 

 

 

 

 

Artículo 26.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.”